El recién designado ministro de Economía, Martín Guzmán tiene previsto presentar el próximo miércoles un plan económico integral y por escrito, antes que medidas puntuales.
El programa tendrá tres objetivos urgentes: «Tranquilizar la economía, aliviar los problemas sociales que son acuciantes y renegociar la deuda pública para poder generar condiciones de repago con crecimiento», según revelaron a La Nación altas fuentes del gobierno entrante. El orden de los tres ejes es el que se le ha escuchado repetir insistentemente a Guzmán, aunque la cuestión de la deuda es protagónica. Al respecto, dicen en su entorno que el país ya está en un «default virtual» y afirman que hay predisposición del Fondo Monetario para una reestructuración.
El objetivo es postergar los pagos durante los próximos dos años. «No hay manera de afrontar los vencimientos previstos para 2020 y 2021 sin producir un desastre social. Y eso no tiene lugar en nuestro proyecto», dicen que le han escuchado afirmar a Guzmán con tanta convicción como ausencia de jactancia. Impresiones que ha dejado en sus interlocutores, junto con la seriedad y sencillez que conviven con su juventud.
El acuerdo con los acreedores, explican, debe «basarse en la buena fe y en el propósito de recuperar el crecimiento para hacer sustentables los pagos y no recaer en default y nuevas crisis». Una palabra que evitan y que suelen aclarar que Guzmán no ha usado es «quita», respecto del monto de capital adeudado. Al mismo tiempo, destacan que los acreedores deben asumir que la Argentina no es el único responsable de ese «default virtual», sino que «hay tres corresponsables».
«El FMI sabía que el monto que prestó y las condiciones que impuso para devolver eran inviables y los privados debían saber que estaban haciendo una apuesta para la que no había evidencia empírica de condiciones de repago», explica.
También se da por hecho en el gobierno entrante que se buscará reformar casi de manera inmediata la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios. Para ello se enviaría un proyecto de ley para ser tratado en sesiones extraordinarias.
«La reforma de 2017 fue perversa, ya que no compartió el crecimiento de la economía en el único año que hubo recuperación durante la gestión de Macri y para adelante es un acelerador de la inflación que termina comiéndose la capacidad de compra de los jubilados. La idea es que este cambio permita recuperar el ingreso real», argumentan en el naciente equipo económico de Alberto Fernández.
Al mismo tiempo, y como ya adelantó el presidente electo, confirmaron que se dispondrá aumentos para los sectores de menores ingresos, sean asalariados o beneficiarios de planes estatales para recuperar la demanda y reactivar el consumo interno. El factor social es una de las preocupaciones recurrentes que se le ha escuchado expresar al joven ministro. Derivaciones de sus convicciones, de su formación y, también, de la flamante pertenencia al espacio político.
No sorprende, así, que la preocupación por evitar una espiralización de la inflación se ubique al tope de las inquietudes de los futuros funcionarios. De allí la importancia que asignan a esa reforma previsional y a la postergación de los pagos de la deuda, así como a la búsqueda de más ingresos para el Estado. Es que, al mismo tiempo se proponen evitar «más contracción fiscal en 2020», que es la forma que tienen de llamar a un ajuste. No solo todo es demasiado frágil sino que todo está demasiado interrelacionado, reconocen con visión sistémica en torno de Guzmán.
De todas maneras, los allegados al economista platense subrayan que, más allá de medidas puntuales, todas las decisiones serán parte de un plan «integral y flexible», que apunta a resolver los desequilibrios macroeconómicos, enmarcado en una «estrategia de desarrollo multidimensional» y sin dogmatismos o soluciones únicas que impidan adecuarse a los cambios de contexto. La diferenciación del modelo macrista es profunda y constante.
El objetivo, explican, es pasar de un modelo financiero a un modelo productivo que apunte al desarrollo y genere estabilidad, dinamismo e inclusión de manera sustentable. «Debe haber un balance entre todas las medidas. Nosotros miramos todas las ramas del árbol y las consecuencias que sobre cada una puede tener cada medida. El objetivo es lograr un árbol robusto capaz de hacer frente a los shocks internos y externos». Por eso, las palabras que con más frecuencia se le han escuchado pronunciar a Guzmán en las últimas 48 horas son consistencia y sustentabilidad.
Quienes han visto al discípulo del premio Nobel Joseph Stiglitz desde que llegó de Nueva York dicen haberlo escuchado proponerse una ambiciosa meta, expresada sin grandilocuencia, sino casi como un mandato. Su objetivo, explican, es terminar con las crisis recurrentes del país y «que encuentre, finalmente, un rumbo para que las familias argentinas puedan volver a proyectarse en el tiempo, sin los avances y retrocesos» que han signado los últimos cuarenta años.
Sus interlocutores afirman que para lo inmediato se ha propuesto «cuidar a los argentinos, tranquilizar la economía y volver crecer. Preservar la consistencia macroeconómica y social es la meta».
La reticencia del entorno de Guzmán a hablar de las medidas concretas no impide advertir que la suba de las retenciones a las exportaciones agrícolas parece inevitable como consecuencia de la imposibilidad de lograr financiamiento y en consonancia con el propósito de evitar nuevos desequilibrios en las cuentas públicas.
Por convicción o estrategia, apenas se hace mención a la probable adopción de esa medida, los allegados de Guzmán destacan que el economista «considera que el sector agropecuario es de los más dinámicos y modernos de la economía nacional, uno de los que más tecnología han incorporado y que tiene una importancia estratégica ya que es generador de las divisas que la Argentina necesita para desarrollarse de manera sustentable. Por eso, las retenciones deben verse en función del desarrollo productivo», afirman como para desalentar temores de que volverán a financiar más gastos.
Guzmán también se propone emprender un camino de rebaja de las tasas de interés para recuperar el crédito, que, junto con la recuperación de la demanda interna, permita reactivar la economía.
La independencia del Banco Central lejos se encuentra de figurar entre sus premisas. «La coordinación entre la política fiscal y monetaria debe ser absoluta, así como la articulación con todas las áreas de la economía», se le ha escuchado decir. De fondo, queda el propósito de lograr que el mandato de Fernández concluya con crecimiento sustentable y equilibrio en todas las variables macroeconómica.
No puede sorprender así que una y otra vez en las oficinas albertistas de Puerto Madero se escuche la expresión «programa integral». Una forma de ser fundacional. Contra lo que muchos pensaban y a contramano de los gobiernos democráticos que lo precedieron, Alberto Fernández empezaría su mandato con un plan económico y no solo con una suma de medidas. Como si eso fuera poco, lo dejará por escrito.
Para darle soporte a tamaña empresa, apuestan al respaldo que ofrecería el Consejo Económico Social por crearse y para el que el presidente electo espera aún la respuesta de Roberto Lavagna, cuya resistencia parecen haberse aflojado sensiblemente ante una reciente consulta.
En el gobierno entrante confían en la solidez técnica de Guzmán, pero no olvidan que será uno de los ministros de Economía más jóvenes de la historia argentina, que, para sumar singularidades, no cuenta con experiencia previa en la función pública.
Resulta lógica, así, la conclusión de un colaborador del presidente electo: «La designación de Martín es sin dudas la apuesta más audaz de Alberto. Pero si le sale bien, cambia la Argentina y él pasa a la historia». Que las urgencias no impidan ver lo importante parece ser la premisa.