En un nuevo juego de marchas y contramarchas, el Gobierno no mantendrá la exención del IVA en la compra de alimentos básicos que rige hasta este martes. Así, a partir del 1 de enero estos productos volverán a pagar este impuesto -en la mayor parte de los casos con la alícuota del 21%- y esto se trasladará a los precios, presionando sobre la inflación.
Pese a que estaba estipulado que el beneficio vencía el 31 de diciembre, durante el lunes desde los despachos oficiales hicieron saber que estaban analizando opciones para ver si mantenían la rebaja o no. A última hora trascendió que la exención termina el 31 de diciembre, pero al mismo tiempo el equipo de Alberto Fernández informó que busca alternativas para atenuar el impacto en los bolsillos. Entre las opciones estarían analizando una prórroga parcial. Por ahora lo que está confirmado es que a fines de enero se podrá en marcha un reintegro de hasta $ 700 para los jubilados que cobran la mínima y para quienes perciben la AUH sobre las compras de alimentos y bebidas que realicen. Otra opción que se baraja es ampliar la cartera de precios cuidados.
En la campaña electoral y tras la derrota en las PASO del 11 de agosto, el entonces presidente Mauricio Macri dispuso por decreto la exención del IVA en 13 artículos que integran la canasta básica: pan, leche, aceites, arroz, fideos, entre otros. El beneficio se implementó de inmediato y según establece el decreto -que fue cuestionado por el actual presidente Alberto Fernández porque la recaudación del IVA es coparticipable y con esta medida las provincias verían recortados sus ingresos- rige hasta el 31 de diciembre.
En los últimos días el actual gobierno no dio ninguna señal de querer prorrogar el beneficio que estaba vigente para todos los consumidores. Pero este lunes la situación cambió parcialmente.
Ante el temor de que esto termine empujando la inflación, desde la cartera de Desarrollo Productivo que está en manos de Matías Kulfas indicaron a primera hora de la tarde que «todavía no está definido si este beneficio se termina. Hay varias opciones que se están analizando». Si no hay nuevos cambios la exención del IVA termina el martes, tal como estaba previsto. Así, a partir del miércoles, los comercios deberán volver a incorporar el IVA a los precios de los productos, lo que en la práctica supondrá un incremento en el gasto de los contribuyentes.
Para matizar el impacto sobre la inflación el Gobierno pondrá en marcha otras medidas que busquen abaratar los alimentos para los sectores más postergados.
Ahora la decisión del Gobierno se enfoca en concentrar el beneficio exclusivamente en los sectores «vulnerados»: jubilados que cobran la mínima y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). A través de un artículo de la ley de Emergencia Económica se establece que se les reintegrará a estos consumidores un porcentaje de las compras de alimentos y bebidas que realicen con tarjeta de débito. Se buscará que ese porcentaje sea un promedio del IVA sobre los alimentos que pagan alícuotas de entre 10,5% y 21%. El monto del reintegro tendrá un tope de $ 700 por mes y por persona.
Desde la AFIP estiman que se trata de un universo de 5 millones de personas que tendrán este beneficio. «En cada familia suele haber dos beneficiarios de alguna de estas prestaciones, por lo que el reintegro promedio será de $ 1.400 por familia. Con esto se pretende garantizar un reintegro similar al IVA 0%, que entendemos que en el esquema que vence mañana no llegó a los sectores que más lo necesitan», contaron desde el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont.
Aunque la ley de Emergencia Económica ya está vigente este reintegro de $ 700 no comenzará a regir de inmediato. Faltan algunas reglamentaciones para su implementación, que la AFIP calcula que estará lista para finales de enero.
Para que la medida tenga impacto es necesario que los beneficiarios hagan las compras con las tarjeta de débito con la perciben el plan o la jubilación. «Hay que estimular a la gente para que deje de usar el efectivo», indican. Para esto la AFIP está trabajando con el Banco Central, la Anses, el PAMI, las cámaras de comercios y los grupos de la economía popular para acelerar la implementación de los posnet, esenciales para poder abonar con tarjeta de débito.
