La Casa Rosada define cómo siguen las negociaciones con el organismo. La semana pasada, Kristalina Georgieva había incitado a los países con altas deudas que se apuren a reestructurarlas.
El próximo viernes 28 de enero el Gobierno Nacional deberá afrontar el primer vencimiento del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo tomado en 2018. Luego de una semana en la que los bonos argentinos se desplomaron por la incertidumbre, aún no hay novedades ni avances oficiales sobre la cercanía del acuerdo o acerca de si se efectuará el pago. El 5 de enero, frente a gobernadores y delegados provinciales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había adelantado que la manera de financiar el pago sería a través del propio Fondo.
Unos 731 millones de dólares es la cifra que Argentina debería abonarle al FMI en el primer vencimiento de este año, en concepto de amortización de capital. Con el Acuerdo de Facilidades Extendidas que negocia Guzmán sin definiciones, tres son los escenarios que se presentan: faltar al pago y caer en la órbita de los arrears o atrasos, pagar la sideral cifra o pautar un acuerdo con el organismo.
El cronograma de pagos que tiene por delante el Gobierno Nacional dejará en claro mayores especificaciones sobre la postura con el FMI. En los últimos días de enero, el país deberá afrontar también otros pagos referidos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de USD 68 millones, y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por USD 17 millones. Días después, llegando a febrero, el Ejecutivo Nacional tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional USD 366 millones entre capital e intereses, en lo que será el segundo compromiso del 2022.
El segundo mes del año también se deberán afrontar pagos por USD 792 millones discriminados en USD 50 millones al BID, USD 4 millones al BIRF, USD 195 millones al Club de París y USD 107 millones en concepto de «otros pagos». Para marzo, Argentina debe abonar el pago más alto al Fondo.
Qué exigen el FMI y Kristalina Georgieva
“Actúen ahora. Si pueden estirar los vencimientos, háganlo. Si tienen descalces de moneda, ahora es el momento de abordarlos”. Con esas palabras, la directora Kristalina Georgieva envió un mensaje directo hacia los países que tienen mayor nivel de deuda con el organismo, entre ellos Argentina, para que aceleren sus reestructuraciones. El contexto fue el aumento de las tasas de interés que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos tiene pensado aplicar, lo cual se traduce en un encarecimiento del costo de la deuda en el resto de los países.
Guzmán busca que el staff del FMI le acepte el Acuerdo de Facilidades Extendidas para estirar a mayor cantidad de años el pago y además, como él mismo afirmó el 5 de enero en Casa Rosada frente a gobernadores y delegados provinciales, que sea el propio organismo el que financie esos pagos.
Si la propuesta del jefe del Palacio de Hacienda obtiene quórum, se deberán cumplir las metas y objetivos que exige el Fondo, con exámenes trimestrales. No está claro si el organismo que encabeza Georgieva continuará pidiendo un «ordenamiento fiscal» más rápido que el que, de acuerdo a Guzmán, el Gobierno Nacional está dispuesto a no aplicar.
Cuál es el rol de Estados Unidos en la negociación
El visto bueno final del acuerdo que busca Argentina con el FMI lo define el Directorio Ejecutivo, conformado por 24 representantes de los países miembro que tienen mayor o menor participación en el peso de los votos de acuerdo a la cuota que cada uno aporta.
Por ello el peso de Estados Unidos en la diatriba es contundente: cuenta con el 16,5% de los votos totales. La semana pasada, el canciller Santiago Cafiero viajó hacia el país presidido por Joseph Biden para reunirse con su par, Anthony Blinken. El arribo tuvo como fin hablar de las negociaciones con el Fondo y tonificar la relación bilateral. Según trascendió, Blinken se mostró a favor de Argentina en las diferencias con el Fondo pero pidió un plan económico «sólido».
No es menos importante lo que tendrá que negociar el Gobierno Nacional en la política doméstica, donde deberá conseguir una ley en el Congreso Nacional que le prenda la luz verde en el avance de un posible acuerdo.
Si no alcanza su meta de acceder a un plan de facilidades de pago más extendidas, se le deberán abonar al Fondo USD 19.300 millones en 2023 y USD 4.900 millones en 2024.
