La noticia se confirmó ayer y es para los que tengan entre 18 y 64 años y soliciten el bono de $ 94.000 en 2 cuotas de $ 47.000 deberán completar, al momento de finalizar su inscripción, una declaración jurada sobre su patrimonio y sus con diciones de actividad laboral e ingresos mensuales. Pero en el caso de los jóvenes de entre 18 y 24 años, se tomará en cuenta la situación socioeconómica de sus padres.
“Esto es así debido a que hay muchos jóvenes que pueden no tener registro de ingresos en las bases de datos porque están estudiando y aún están a cargo de sus madres o padres. En este caso, se tomará en cuenta la situación socio-patrimonial del grupo familiar”, le dijo a Clarín la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.
Por su lado, en los hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja y percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios), aunque por ejemplo, el cónyuge aparezca como no registrado tampoco tendrá derecho al bono. Es porque ese grupo familiar no estaría en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este Refuerzo extraordinario, agregó Raverta. .
Por eso quienes se inscriban deberán aceptar los términos de una declaración jurada, que luego se cruzará con las diferentes bases de AFIP, Migraciones y de otros organismos.
Para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener:
- Trabajo registrado (relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares).
- Jubilación o pensión
- AUH
- AUE
- Asignaciones familiares
- Progresar
- Planes sociales (por ejemplo, Potenciar Trabajo)
- Prestación por desempleo.
ANSES realizará una evaluación socioeconómica y patrimonial, teniendo en cuenta, entre otros requisitos los, consumos de tarjeta de débito y/o crédito, plazos fijos y bonos, bienes (como inmuebles, autos, cobertura de salud, como prepaga), compras de moneda extranjera, de los solicitantes.
Por todo esto, aunque se lo denomina bono para informales, también abarca a personas que estén inactivas y cumplan con esos requisitos. Y aunque se lo asimila al IFE aplicado durante la pandemia, y por eso se estima que finalmente podrían llegar a cobrar, tras los cruces de datos con los restantes organismos, menos de 2 millones de personas.
