Clima picante el de ayer y en medio de incertidumbre por la decisión del bloque de senadores kirchneristas de no apoyar su candidatura hasta que el Gobierno no se siente a negociar, el juez federal Ariel Lijo expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender el pliego que lo nomina como juez de la Corte Suprema de Justicia.
Lijo se presentó con una breve introducción “Le agradezco al presidente de la Nación por haberme nominado, es el máximo desafío que puede aspirar un abogado”. Lo cierto es que a lo largo del cuestionario de los senadores, se pronunció sobre la dolarización (que en un momento promovió el presidente Javier Milei), sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y sobre las sospechas respecto de su honorabilidad.
Además, Lijo rechazó las acusaciones en su contra. “Rechazo de manera categórica por absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral”, señaló. Lo hizo en respuesta a una pregunta formulada por la senadora Cármen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), quien lo acusó de tener “el juzgado federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires más infeciente” y de recordarle que tramito causas por corrupción como el caso Ciccone, Siemmens, la compra de las acciones de YPF a la familia Eskenazi y el Correo Argentino.
Carolina Losada (UCR) también cuestionó su postulación. “No considero que sea idóneo para el cargo y creo que pone en peligro a la Nación argentina una persona con sus características en el máximo ribunal de justicia”, dijo la senadora, que también manifestó su rechazo por la falta de mujeres en el máximo tribunal de justicia. “Debería haber una mujer en la Corte”, respondió Lijo ante la reiterada intervención de Losada.
“La función de la Corte no se agota en fallos. Hay otra dimensión que la Corte debe asumir. El federalismo no es una mere expresión, vacía. Es respetar la autonomía de las provincias”, senaló Lijo. Y agregó: “La Corte debe trabajar con el Congreso para generar propuestas para resolver los problemas que tienen las personas”. Enumeró como “problemas reales” de las personas al narcotráfico, la violencia doméstica y de género, y el acceso a la justicia. Además, dijo que uno de sus desafíos es darle mayor celeridad a la justicia. “No es viable el nivel de litigiosidad con el que vive la Corte. Si es necesario, se pueden imponer plazos”, planteó.
