Según las últimas estadísticas, el gasto en servicios públicos de una familia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se quintuplicó en un año, desde que asumió Javier Milei como presidente. Esta es la consecuencia del ajuste fiscal que emprendió el Gobierno, que aumentó las tarifas y bajó un 38% los subsidios a la energía, el transporte público y el agua para alcanzar el superávit fiscal y frenar la inflación.
Esto surge de acuerdo a datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio de la Ciudad o el Gran Buenos Aires que está categorizado como Nivel 1 (N1) de la segmentación -el de mayores ingresos y/o patrimonios o aquellos que no pidieron o renunciaron a la ayuda del Estado- gastará este mes $ 143.819 para pagar la luz, el gas, el servicio de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y los viajes en colectivos.
Esa misma canasta en diciembre del 2023 tenía un costo de $ 28.651. Se trata de un aumento interanual del 402% nominal o de aproximadamente 130% en términos reales (descontado el efecto de la inflación) en un año.
El kirchnerismo había atrasado las tarifas -precios regulados- entre 2019 y 2023 como método de «combate» a la inflación. Resolver estos desequilibrios heredados fue una de las principales tareas de Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, aunque todavía resta una parte del camino para 2025: la normalización regulatoria de los mercados energéticos, con nuevas subas de tarifas pendientes.
El mayor incremento ocurrió este año con las tarifas del transporte, donde los boletos treparon un 601% -se multiplicaron por 7-. El gas tuvo una fuerte suba a partir de abril y en este período saltó un 531%; el agua también empezó a tener alzas periódicas desde abril, para un total de 331%; y la energía eléctrica comenzó en febrero, con un 268% en doce meses.
«En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 52% de los costos y, por lo tanto, el Estado se hace cargo del 48% restante», marcó el IIEP, que conducen los economistas Alejandro Einstoss y Julián Rojo.
Sin embargo, esta cobertura es dispar entre los distintos segmentos de hogares y entre servicios. Es que mientras los hogares N1 pagan en promedio el 100% de los costos de abastecimiento del agua, 93% de la luz, 85% del gas y 31% del transporte, los N2 (Nivel 2, de ingresos bajos o en situación de pobreza) apenas cubren el 26% del costo eléctrico y el 31% del gas.
Esos esquemas de segmentación serían eliminados por el Gobierno antes del 9 de julio de 2025, para pasar a un sistema de asistencia directa a los hogares más vulnerables, mediante una «tarifa social».
Con todo, según el reporte del IIEP, «la canasta de servicios públicos del AMBA de diciembre representa el 11,9% del salario promedio registrado estimado para este mes». Un año atrás, el peso de este gasto era de 5,9% sobre el salario, por lo cual se duplicó en 12 meses.
El pico ocurrió en junio, con el 14,5%, por el efecto del mayor consumo de gas, tarifas que eran más altas y se fueron atrasando lentamente a lo largo del segundo semestre del 2024, y salarios que progresivamente le empezaron a ganar de a poco a la inflación en los últimos 6 meses.
Mientras tanto, persisten amplias disparidades entre el AMBA y el Interior del país. Mientras un boleto mínimo de colectivo en Buenos Aires cuesta $ 371,13, el promedio nacional es de $ 1.047,41, y en la ciudad de Bariloche, Río Negro, alcanza un pico de $ 1.613.
«Medido en términos reales y relativo al salario mínimo, vital y móvil, la suba en las tarifas del interior ha sido bastante pronunciada. La eliminación por parte del gobierno nacional del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, producida en febrero, implicó una mayor presión para los presupuestos municipales y, consecuentemente, la necesidad de readecuar la tarifa de los servicios de transporte», explicó el IIEP.Po
