Javier Milei confirmó que apelarán el fallo contra YPF y disparó contra Axel Kicillof

Ayer, el Presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno apelará el fallo de la justicia de Estados Unidos que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios de la medida.


«Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», indicó a través de X.

En su descargo titulado «Un fallo contra Kicillof» el mandatario afirmó que, «independientemente de la cuestión de fondo», la decisión de la Justicia de Estados Unidos es «responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK».

«Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires», insistió en sus insultos contra el gobernador bonaerense.

Milei sostuvo también que «pasaron más de 10 años» desde el último mandato de Cristina Kirchner y, sin embargo, afirmó, «los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina».

Por último, en una post data, afirmó sobre Kicillof: «YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!».

Este lunes se conoció que la justicia de Estados Unidos le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía como parte de pago de la sentencia en la que el país ya fue condenado a pagar US$16.100 millones.

La medida lleva la firma de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en línea con la exigencia elevada a principios del 2025 para que la Argentina brinde información sobre activos.

A través de este fallo, la jueza Preska le dio la razón al demandante, el fondo Burford y accedió a embargar las acciones de la petrolera argentina. El fondo ya había conseguido una sentencia favorable en primera instancia que obliga al país a pagar una sentencia por US$16.000 millones

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