Por Notibaires 
Sigue la batalla judicial por la expropiación de YPF que ahora sumó un nuevo capítulo luego de que la jueza Loretta Preska le ordenara al Gobierno argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del fallo. Sin embargo, los fondos demandantes —entre ellos Burford Capital— manifestaron su intención de negociar una salida pactada: podrían aceptar una reducción del monto o un pago alternativo mediante bonos soberanos.
Esta sentencia, que se conoció en 2023, condenó al país a pagar US$16.000 millones, cifra que con intereses ya supera los US$17.700 millones. La magistrada le dio al Gobierno un plazo de 14 días para transferir las acciones clase D a una cuenta en The Bank of New York Mellon. Mientras tanto, el presidente Javier Milei confirmó que apelará la decisión.
Lo cierto es que a pesar del fallo a favor, los fondos buscan evitar una prolongación del litigio, que comenzó hace más de una década. Según trascendió, entienden que el tiempo juega en contra de todas las partes, ya que los intereses diarios acumulados son cercanos a los US$3 millones.
El Gobierno, según estimaciones privadas, tiene tres caminos posibles: acatar el fallo y entregar el control de YPF; apelar y lograr una suspensión del plazo; o avanzar en negociaciones directas. Por ahora, se optó por la segunda opción, con la Procuración del Tesoro al frente de la apelación.
Desde el entorno de los fondos acreedores consideran que un acuerdo con quita y pagos en instrumentos financieros podría ser una vía más razonable para cerrar el conflicto, evitar daños reputacionales y no comprometer el valor de mercado de la petrolera nacional en plena reestructuración económica.