Por Notibaires 
La CGT confirmó que volverá a marchar el 7 de agosto, en coincidencia con la tradicional movilización a San Cayetano, para reclamar “pan, paz y trabajo”. Esta decisión será formalizada en los próximos días por la mesa chica, marca un nuevo gesto opositor de la central obrera hacia el gobierno de Javier Milei, aunque sin romper del todo el diálogo: sus dirigentes seguirán participando del Consejo de Mayo junto a funcionarios, empresarios y gobernadores.
El doble juego de la CGT no solo se refleja en su relación con la Casa Rosada. También enfrenta tensiones con Axel Kicillof, con quien había sellado un principio de acuerdo para una participación sindical más fuerte en el armado electoral bonaerense. Sin embargo, la reunión de este viernes en La Plata dejó un sabor amargo: en lugar de los tres lugares en la lista de candidatos a diputados nacionales que esperaban, los gremialistas se enteraron de que apenas les quedará uno.
Esto habría generado malestar entre los referentes gremiales, que presionaban por mayor representación parlamentaria. Si bien el nombre de Héctor Daer suena con fuerza para ocupar esa banca, no sería el único sindicalista con aspiraciones: también están en carrera Sergio Palazzo (Asociación Bancaria) y Vanesa Siley (SITRAJU), ambos cercanos a Cristina Kirchner y con mandatos a punto de vencer.
Del otro lado, Kicillof enfrenta el desafío de contener a sectores sindicales que también reclaman lugares, como el clan Moyano —que impulsa una candidatura para Facundo o Hugo Antonio— y Luis Barrionuevo, que se mueve con su nuevo espacio Trabaj.ar.
La movilización del 7 de agosto —iniciativa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y respaldada por las CTA, la UTEP y movimientos sociales— busca reposicionar a la CGT ante la falta de resultados en las negociaciones con el gobierno libertario. “Hasta ahora no conseguimos nada. Nos enteramos por los diarios de decisiones como el cierre de Vialidad”, se quejó uno de los jefes sindicales.
En paralelo, Gerardo Martínez (UOCRA) mantiene su rol dentro del Consejo de Mayo, donde articula con Martín Rappallini, presidente de la UIA. Ambos buscan consensuar una estrategia común para reducir el “costo argentino”, pero sin tocar derechos laborales. “El problema no es el salario, sino los impuestos y el costo financiero. En eso coincidimos con los empresarios”, aseguran.
La CGT también evalúa reclamar a los intendentes bonaerenses lugares en las listas provinciales del 7 de septiembre, con el objetivo de no quedar relegada en el reparto de poder territorial. “No queremos limitar nuestra participación a pegar afiches. Queremos volver a tener peso propio”, advierten desde la central.
El dilema está planteado: la CGT busca sostener su influencia, pero choca con las decisiones políticas tanto del oficialismo nacional como del bonaerense. Con una sola banca en disputa y una agenda social cada vez más crítica, el sindicalismo intentará jugar en todos los frentes para no quedar como un actor decorativo.