Por Notibaires 
El gobierno de Javier Milei ha dado un paso significativo en su política de reducción del Estado al avanzar con la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de la asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos del país. Mediante la Resolución 1067/2025, publicada el 28 de julio en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del 100% del paquete accionario de la compañía a través de una licitación pública de alcance nacional e internacional.
El proceso de privatización comenzó el 17 de marzo de 2025, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.742, también conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta ley declaró a Intercargo S.A.U. como «sujeta a privatización» y estableció el marco normativo para su desinversión estatal.
La operación se llevará a cabo sin otorgamiento de preferencias ni la incorporación de un Programa de Propiedad Participada, según lo dispuesto por la Secretaría de Transporte. Además, se ha fijado un plazo de ocho meses para completar el proceso de privatización, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas para coordinar las medidas necesarias.
Intercargo presta servicios esenciales en 21 aeropuertos del país, incluyendo asistencia en tierra, carga y descarga de equipajes, y transporte de pasajeros. La privatización busca mejorar la eficiencia y competitividad del sector aeroportuario, permitiendo la entrada de nuevos operadores y la modernización de los servicios. El gobierno ha asegurado que se garantizará la continuidad del servicio durante el proceso de transición.
La decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y sindical. Desde el oficialismo, se destaca la medida como un paso hacia una mayor eficiencia y reducción del gasto público. Por otro lado, sindicatos aeronáuticos han expresado su preocupación por posibles impactos en las condiciones laborales y la calidad del servicio.
La privatización de Intercargo se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el gobierno para reducir la participación estatal en diversas empresas públicas, como AySA, ENARSA y Belgrano Cargas y Logística.