Por Notibaires 
La medida del gobierno provocó un efecto inmediato en las arcas fiscales: ingresos tributarios ligadas al sector sufrieron una caída marcada.
La reciente suspensión de retenciones al sector agropecuario generó un efecto colateral inesperado: en septiembre, la recaudación fiscal registró un desplome cercano al 9 % respecto al mismo mes del año anterior. Analistas y funcionarios admiten que la medida, pensada para aliviar la presión al campo, terminó afectando la caja estatal cuando el panorama económico ya era complejo.
La explicación es sencilla: las retenciones agrícolas representan una porción relevante de los ingresos por exportaciones. Al liberarse temporalmente esos tributos, el Estado resignó una parte considerable de su capacidad recaudatoria. El desequilibrio fiscal ya existente se agrava, y sectores como salud, educación e infraestructura podrían verse resentidos si la tendencia persiste.
En ámbitos oficiales se barajan alternativas para compensar la pérdida: se estudian ajustes en otros tributos, mayores controles de evasión y reorientación del gasto público. Pero esas maniobras tienen límites políticos y sociales, más aún en un contexto electoral tenso. Las retenciones al agro fueron suspendidas con una lógica política visible, pero sus efectos económicos ahora exigen correcciones urgentes.
Los productores celebran la medida como alivio frente a una presión tributaria que acusaban de asfixiante. Sin embargo, si el Estado no encuentra mecanismos alternativos para sostenerse, la suspensión podría traducirse en déficits crecientes. Ya hay voces que sugieren reactivar las retenciones en el mediano plazo, con reintegros o cuotas moderadas, para balancear necesidades productivas con el sostén del fisco.
El punto de inflexión está ahí: decidir si priorizar el estímulo al campo o la estabilidad de las cuentas públicas. El desafío para el gobierno será encontrar un equilibrio que no penalice ni al productor ni al Estado por igual.