Un respiro para nuestro país ya que la exigencia de reservas establecida en el acuerdo con el FMI se volvió incumplible. Pero ni al organismo ni al Gobierno les conviene un incumplimiento del programa. La solución “salomónica” negociada por Sergio Massa con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva consiste en una “sustancial” reducción de la exigencia no solo para fin de marzo sino para cada cierre de trimestre hasta fin de año.
Así lo dejaron trascender tanto desde el Fondo como desde el ministerio de Economía, que además dejaron en claro que la flexibilización será significativa. Recién el martes se conocerá cómo serán las nuevas metas pactadas, cuando al mismo tiempo el FMI anuncie formalmente que se cumplió satisfactoriamente con la cuarta revisión del programa, es decir los objetivos de reservas, monetarias y fiscales de fin de diciembre pasado.
En su paso por la reunión de ministros del G-20 en la India, Massa preparó el terreno para brindarle al FMI la “excusa” que convalide el cambio de metas. Según las estimaciones que divulgó en su presentación, la invasión de Rusia a Ucrania le costó a la Argentina casi USD 5.000 millones. De ese total, una parte sustancial corresponde al encarecimiento de las importaciones de energía (el precio del gas se fue por las nubes) y otra al aumento de fletes internacionales. En cambio, la suba de precios de las materias primas agrícolas no habría impactado positivamente, siempre según los números preparados por Economía.
Más allá de la repercusiones de la guerra, la sequía también complicó el panorama porque resta un volumen de divisas sustancial. Según los cálculos difundidos por el productor rural Néstor Roulet, las perdidas por la menor cosecha de trigo y ahora de la cosecha gruesa restarán USD 13.000 millones respecto a la campaña del año pasado.
El Gobierno estuvo a punto de incumplir la meta de reservas en diciembre. Pero en aquel momento Massa pudo sacar un nuevo “conejo de la galera” con la segunda versión del dólar soja 2. Pero las liquidaciones de ese momento restaron oferta al arranque del 2023, lo que queda en evidencia con el saldo vendedor de USD 900 millones que lleva el Central en lo que va de febrero.
A poco más de un mes para fin de marzo, al Gobierno debería acumular poco más de USD 4.000 millones en reservas. El propio FMI desembolsará USD 5.300 millones a fines de marzo, pero buena parte se utilizará para cancelar vencimientos con el propio organismo. Luego hay algunos préstamos previstos del Banco Mundial y otras entidades multilaterales, pero insuficientes para cumplir con el acuerdo. Entre todo se llegaría a unos USD 6.100 millones.
También se avanzó con un posible “repo”, es decir un acuerdo con bancos internacionales para sumar reservas. Sin embargo, la caída de los bonos de las últimas semanas obliga a poner más garantías, por lo que el peligro es que esos préstamos se vuelvan antieconómicos.
La menor acumulación de reservas evita un ruido adicional que hubiera sido inconveniente para el Gobierno y seguramente para la economía en los meses previos a las PASO. Un incumplimiento explícito pondría en peligro futuros desembolsos y existía la posibilidad de que se caiga el acuerdo.
Todo ello hubiera sumado más presión sobre los bonos, el valor del dólar y posiblemente la actividad económica en un momento que ya de por sí es complicado. Es un clásico en la Argentina que aumente la tendencia dolarizadora en los meses previos a las elecciones y éste año no será la excepción, aunque el cepo cambiario amortigua ese impacto en el corto plazo.
Las restantes metas del acuerdo se mantendrán, según se preocuparon por aclarar ambas partes. Eso significa que el déficit primario deberá bajar a 1,9% del PBI, mientras que el financiamiento del rojo fiscal por parte del Central vía adelantos transitorios debe ser mínimo. “Se trata de anclas que nos van a ayudar en el proceso de reducción de la inflación”, reconocen en Economía.
El Fondo confirmó así su postura ultra light con Argentina desde que se firmó el acuerdo a mediados de 2020. Lo que le interesa a los burócratas de Washington es ayudarle al Gobierno a refinanciar los vencimientos y corregir metas si es necesario. Ya en 2024 seguramente sea el turno de un acuerdo mucho más exigentes con la próxima administración, tanto en términos cuantitativos (metas fiscales y de reservas), como cualitativos, con varias reformas estructurales ineludibles.
La otra tarea que viene llevando adelante Massa es el refinanciamiento hasta 2025 de la deuda en pesos que le vence al Tesoro en el segundo trimestre. Son más de 6 billones de pesos, que serían canjeados por nuevos títulos que vencen escalonadamente en los próximos dos años. La deuda que vence en el segundo semestre no preocupa tanto, porque el grueso está en manos del sector público.
El Tesoro consiguió no solo refinanciar sino colocar más deuda en pesos en la licitación del viernes. Sin embargo, los plazos de colocación no pasaron julio (o sea antes de las PASO) y la tasa de interés ya roza el 120% anual.
El objetivo es eliminar el riesgo de un nuevo reperfilamiento de la deuda en pesos, como el ocurrido en 2019 inmediatamente después de las PASO. Y también se busca evitar una sustancial emisión monetaria por parte del Central en caso que los inversores aceleren el proceso de dolarización de sus cartera
