Por Notibaires 
Esto surge en respuesta al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF por la expropiación de 2012, el Congreso se movilizó para proteger los activos de la petrolera estatal. Legisladores de distintos espacios presentaron proyectos para ratificar la inmunidad soberana del país y evitar que se ejecute la sentencia en tribunales extranjeros.
Lo cierto es que el senador radical Maximiliano Abad, acompañado por Pablo Blanco, presentó una iniciativa que refuerza la vigencia del artículo 10 de la Ley 26.741, sancionada durante la estatización, y denuncia que el fallo representa un grave avasallamiento a la soberanía nacional.
“Ninguna Corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de acciones requiere la aprobación del Congreso por mayoría calificada”, advirtió Abad, que calificó la resolución como jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable.
Desde el Senado también se pronunció Mónica Silva, quien presentó un proyecto de resolución para repudiar la injerencia colonial que implica la decisión judicial, que consideró agraviante a los principios del Derecho Internacional Público.
La situación también fue abordada en la Cámara Baja. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, apoyó el proyecto de Abad y recordó el contexto en el que se aprobó la expropiación. “Fue una respuesta a la desinversión de Repsol, al déficit energético del país y al potencial de Vaca Muerta, que hoy sostiene las proyecciones del gobierno de Milei en materia de hidrocarburos”, sostuvo.
Pichetto pidió ratificar el artículo 10 de la ley como forma de impedir cualquier intento de ejecución de activos sin el aval del Congreso, que requiere una mayoría de dos tercios.
En el inicio de la sesión de este miércoles, legisladores del PRO apuntaron directamente contra Axel Kicillof, quien en 2012 era ministro de Economía y uno de los principales impulsores de la estatización de YPF.
“Kicillof fue responsable de una de las estafas más grandes de la historia argentina”, disparó Damián Arabia, y agregó que sigue arruinando la vida de millones de bonaerenses.
Patricia Vásquez, también del PRO, habló de mala praxis y contubernios durante la operación, y cuestionó al actual gobernador por su conducta esquizofrénica al evitar asumir responsabilidades.
Las declaraciones generaron fuertes cruces con legisladores de Unión por la Patria, que defendieron la medida como una decisión soberana en defensa del interés nacional.
Desde la izquierda, Christian Castillo calificó el fallo de Preska como un acto de injerencia colonial inadmisible y comparó su postura con la del juez Thomas Griesa en la disputa con los fondos buitre.
El debate en el Congreso promete continuar en las próximas semanas, mientras el Gobierno busca revertir la sentencia en instancias superiores de la justicia estadounidense