Por Notibaires 
El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa Vialidad a abonar, en un plazo máximo de diez días, una suma de $644.000 millones. El monto corresponde al perjuicio económico que, según la sentencia, sufrió el Estado como consecuencia del fraude en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La notificación judicial fue firmada por el presidente del tribunal, Jorge Gorini, junto a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. La orden alcanza a todos los condenados y establece que el pago debe realizarse de forma solidaria: no se divide el monto entre los implicados, sino que todos responden por el total.
En caso de no cumplir con el pago en el plazo estipulado, la Justicia avanzará con el decomiso y eventual remate de los bienes previamente embargados, que incluyen propiedades, sociedades comerciales y dinero en efectivo.
El monto reclamado surge de la actualización del decomiso original, fijado en $84.000 millones en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022. A pedido del tribunal, peritos de la Corte Suprema recalcularon el valor según los índices económicos actuales. La cifra final, que supera los USD 540 millones al tipo de cambio vigente, fue presentada la semana pasada, lo que dio lugar al reclamo formal.
Entre los activos en la mira figuran 213 propiedades, 14 vehículos y seis sociedades. Algunos pertenecen a la propia Cristina Kirchner, mientras que otros están a nombre del empresario Lázaro Báez y del resto de los condenados.
Según los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el objetivo del decomiso es recuperar los bienes obtenidos mediante el delito e impedir que los implicados continúen beneficiándose económicamente de manera ilícita. La sentencia señala que esta herramienta legal apunta a apropiarse de los bienes utilizados para cometer el delito o de aquellos que sean producto directo del mismo.
Durante el juicio, los fiscales estimaron el daño al Estado en base a los sobreprecios detectados en 51 licitaciones y a las obras que quedaron inconclusas. Esa evaluación fue la base para calcular el monto que ahora exige la Justicia.