Por Notibaires 
La Argentina presentó un descargo contundente ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de frenar la entrega de acciones de YPF, ordenada por la jueza Loretta Preska como parte del pago de una sentencia por la expropiación de la petrolera en 2012, cuyo monto asciende a 16.000 millones de dólares.
La situación judicial tiene dos posibles desenlaces: que la Cámara acepte el pedido argentino y suspenda la transferencia, con o sin garantía, o que rechace la apelación, lo que llevaría al Gobierno a recurrir urgentemente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, señaló que tras la decisión podrían darse tres escenarios: permitir la apelación sin entregar las acciones pero con una garantía distinta; suspender el fallo de Preska y permitir apelar sin condiciones; o rechazar el pedido, exponiendo a Argentina a riesgos legales y financieros en los mercados internacionales.
El conflicto se originó tras la expropiación de YPF durante la gestión de Cristina Kirchner, cuando el Estado tomó control sin ofrecer a otros accionistas la misma oportunidad de compra, incumpliendo el estatuto de la compañía. Esto motivó la demanda de fondos como Burford Capital y Eton Park, que adquirieron los derechos del grupo Petersen —dueño del 25% de la firma en el momento—.
Desde entonces, Argentina apeló el fallo de 2023 que la condenó a un pago millonario, pero la falta de acuerdo o pago impulsó a los demandantes a buscar embargar bienes estatales, incluyendo acciones de YPF.
En su escrito, el Gobierno advirtió que ejecutar la entrega de acciones durante la apelación causaría un “daño irreparable”, ya que revertir la operación sería prácticamente imposible. Por su parte, el fondo Burford afirmó no estar interesado en las acciones, pero insistió en exigir una garantía para continuar con la apelación.
El caso tuvo una intervención atípica del gobierno de Estados Unidos, que durante la presidencia de Donald Trump se presentó como amicus curiae en apoyo a Argentina, postura que Burford rechazó abiertamente.
La Corte de Apelaciones aún debe definir qué sala tomará el caso y no tiene plazos establecidos para resolverlo, aunque se espera un fallo en breve. La disputa no solo involucra acciones, sino que podría marcar un precedente global en materia de expropiaciones y deuda judicial.