Por Notibaires 
La oposición en el Senado argentino dio un paso significativo al avanzar con un dictamen que propone modificar la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta clave utilizada por el presidente Javier Milei. La iniciativa busca establecer un control más riguroso sobre el uso de los DNU, limitando su aplicación y fortaleciendo el rol del Congreso en la aprobación de estas normativas.
El proyecto de ley plantea varias modificaciones importantes:
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Plazo de aprobación: Los DNU deberán ser tratados por ambas cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días corridos desde su publicación. Si no son aprobados por ambas cámaras en ese período, perderán automáticamente su validez.
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Mayoría absoluta: Para que un DNU sea ratificado, se requerirá la aprobación por mayoría absoluta en ambas cámaras.
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Composición de la Comisión Bicameral: Se propone que la presidencia de la comisión recaiga en un legislador opositor, con alternancia anual entre senadores y diputados, y que los integrantes no puedan ser reelectos tras dos años en funciones.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los principales bloques opositores, incluyendo al kirchnerismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales. Los legisladores opositores consideran que el uso extensivo de los DNU por parte del presidente Milei representa una concentración de poder que debilita el rol del Congreso y la separación de poderes.
En el oficialismo, algunos sectores defienden los DNU como una herramienta necesaria para implementar reformas rápidamente, especialmente con minoría parlamentaria. Sin embargo, la presión de la oposición y la opinión pública podría limitar el margen de maniobra del gobierno en este aspecto.
El dictamen aprobado en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado será debatido en el recinto en las próximas sesiones. Si es aprobado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde también se espera un debate intenso. La posibilidad de que la oposición logre una mayoría suficiente para aprobar la ley podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, redefiniendo el equilibrio de poderes en el país.