Por Notibaires 
El oficialismo logró un paso clave en la estrategia presupuestaria para el año próximo al obtener un dictamen de mayoría en la comisión correspondiente del Congreso. Esto allana el camino para que el proyecto del Presupuesto 2026 sea tratado a partir del 10 de diciembre, dentro del marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
El dictamen contó con el respaldo de bloques como el Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), los “radicales libertarios” y representaciones provinciales de Misiones y San Juan. En tanto, la bancada oficialista Unión por la Patria (UxP) firmó un dictamen de minoría, y otras fuerzas menores también presentaron sus propias versiones.
Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan una inflación proyectada del 10,1% para 2026, un crecimiento del producto bruto interno del 5% y un tipo de cambio oficial estimado en 1.423 pesos. En materia de gastos, el documento asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, contempla un aumento real del 5% en jubilaciones, un alza del 17% en salud, del 8% en educación y del 5% en pensiones por discapacidad, orientando aproximadamente el 85% del gasto hacia educación, salud y jubilaciones.
El proyecto fue defendido públicamente por los diputados salteños Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata, quienes lo calificaron como “el plan del Gobierno” para estabilizar la economía. En contrapartida, desde Unión por la Patria los legisladores Germán Martínez, Victoria Tolosa Paz, Silvana Ginocchio y Carlos Heller advirtieron que no se observa superávit fiscal real, acusando al oficialismo de “ocultar el déficit” al no contemplar los intereses de la deuda pública.
Asimismo, otras bancadas menores que suscribieron dictámenes propios incorporaron demandas específicas: fondos para la ley de discapacidad, inversión en universidades y otra para el Hospital Garrahan, además de infraestructura vial como la construcción de 90 km de la Ruta 5 entre Suipacha y Bragado.
La movida parlamentaria revela una estrategia más amplia del Gobierno: asegurar respaldo legislativo antes de cerrar el año, con vistas a garantizar la aprobación del presupuesto y reforzar su agenda económica en un contexto de transición política. La convocatoria a sesiones extraordinarias marca también el reconocimiento de que el debate requerirá más tiempo del habitual, y que el oficialismo busca aplicar un cronograma ajustado.