La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a garantizar el financiamiento destinado a las universidades públicas.
La decisión representa un respaldo judicial a los reclamos realizados por distintas casas de estudio, que habían advertido sobre las dificultades presupuestarias para afrontar gastos de funcionamiento.
Desde el ámbito universitario destacaron la importancia del fallo para asegurar la continuidad de las actividades académicas, científicas y de investigación.
Mientras tanto, el debate sobre los recursos destinados a la educación superior continúa ocupando un lugar central en la agenda política y educativa del país.

