Los principales referentes del equipo económico preparan las que serán las primeras medidas ni bien asuma mañana la presidencia Alberto Fernández. El tiempo apremia. No solo por la delicada situación del país, sino porque queda un lapso muy corto de tiempo para que sesione el Congreso hasta fin de año.
El ministro de Economía designado, Martín Guzmán, llegó pocas horas antes del anuncio a la Argentina desde la Universidad de Columbia, por lo que tendrá que acelerar la curva de aprendizaje sobre los temas que no maneja en profundidad, excluyendo el de la deuda, del cual es especialista. Todavía no hay precisiones sobre el grupo de colaboradores que lo acompañará, pero será un dato relevante, tanto en relación al secretario de Hacienda (que deberá seguir de cerca los números fiscales) como el de Finanzas, que formalmente será el responsable de renegociar la deuda con los bonistas privados.
Lo que sí aparece un poco más claro en el horizonte son las medidas más urgentes que tomará el nuevo Gobierno en las próximas horas, luego de su asunción. La primera de Mauricio Macri, por ejemplo, en 2015, había sido el levantamiento del cepo cambiario y permitir la libre flotación del dólar. Eso ocurrió en las primeras 48 horas de gestión.
En el caso de Alberto Fernández, uno de los temas inmediatos será la convocatoria al acuerdo social, en el que participará no solo el Estado sino también sindicalistas y empresarios. Pero de manera paralela se enviará al Congreso un proyecto de ley para reinstaurar la emergencia económica. Se trata de un instrumento legal que utilizó en su momento Carlos Menem para avanzar con las privatizaciones y desregulación del Estado. Pero tanto Néstor como Cristina Kirchner gobernaron en “emergencia”, lo que les da facultades amplias para resolver sobre temas urgentes utilizando la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Macri decidió no prorrogarla recién en 2018.
Uno de los temas más sensibles es la cuestión tributaria. Solo el Congreso puede crear impuestos. Pero el Gobierno podría modificar alícuotas de gravámenes ya existentes y para eso podría apoyarse en la Emergencia Económica. El tema es especialmente sensible en el caso de Bienes Personales, cuya alícuota actualmente se ubica en el 0,75%. Sin embargo, ya se adelantó que habría una suba para aumentar la presión sobre las familias de mayores recursos.
Se escucharon versiones de todo tipo sobre el posible incremento del Impuesto a los Bienes Personales. Pero hasta el momento no hay nada confirmado. En los últimos días circuló que podría subir a un nivel cercano a 1,5% ó 1,75%, es decir más del doble que el actual. Y las especulaciones más osadas indicaban que podría superar el 4,5%, pero tomando una porción a cuenta de los futuros pagos del impuesto a las Ganancias. Un esquema de estas características se aplicaría “por única vez”. Pero hasta ahora fueron puras especulaciones.
Por supuesto que el “corazón” de la presión fiscal vendrá por el lado de las retenciones. Se aguarda un importante aumento de las alícuotas para las exportaciones del campo, pero también para minería, petróleo y eventualmente carne. El objetivo es conseguir alrededor de USD 2.000 millones adicionales al año, lo que daría un margen mayor para volcar recursos a programas destinados a paliar el hambre y ayudar a los sectores de menores ingresos.
También se pondría un freno a la reducción de impuestos que estaba prevista en el Pacto Fiscal firmado hace dos años. Ganancias para empresas, por ejemplo, debía bajar al 25% el año próximo, pero seguramente no será implementado. Y también habría una reposición de Ingresos Brutos, pese al compromiso de las provincias por reducir gravámenes distorsivos para la actividad productiva.
No se descarta que quede espacio para alguna sorpresa. Particularmente volvió a circular la versión en los últimos días de un regreso del impuesto a la herencia, gravándose tanto los bienes que se heredan en caso de fallecimiento pero también las donaciones en vida. Esto ya está vigente hoy en la provincia de Buenos Aires, pero no a nivel nacional. Pero para avanzar sí sería necesaria la aprobación por ley. Tributaristas consideran que no sería razonable aplicar este tipo de impuestos, si al mismo tiempo existe una tasa de alícuota de Bienes Personales tan alta.
El resto de las primeras medidas son conocidas y fueron adelantadas por el propio Alberto Fernández. Se trata de un bono para dar un aumento de ingresos excepcional: jubilados, beneficiarios de planes sociales y también a empleados de menores ingresos, aunque no se determinó cuál sería el techo para poder percibir esa suma.
En este caso se trataría de un esfuerzo especial que le pediría al sector privado, que ya había pagado un bono de $5.000 entre septiembre y octubre pasado. El objetivo es llevar alivio de la manera más inmediata posible, luego de otro año de fuerte pérdida de poder adquisitivo.
El “bono” para jubilados y beneficiarios representa una suerte de “gratificación” de fin de año que permitiría habilitar la rápida discusión de un cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria. La actual se aprobó a fines de 2017. Para el nuevo gobierno es fundamental reformarla, ya que la suba de haberes indexa según la inflación de los últimos seis meses. Esto pondría bajo serio riesgo el cierre de las cuentas públicas del año próximo, si se trabaja con un escenario de baja de la inflación.
Los tiempos de espera están llegando a su fin y es el momento de definiciones. El viernes ya hubo una importante con la confirmación de los ministros. Y a partir del miércoles, inmediatamente después de la asunción de Alberto Fernández, llegarán las primeras medidas del nuevo gobierno y los proyectos que serán enviados al Congreso, donde el nuevo oficialismo ya tiene asegurada la mayoría en el Senado y va camino a lograrlo también en Diputados.
