La Justicia volvió a intimar al Gobierno por el financiamiento de las universidades

El juez federal Martín Cormick otorgó un nuevo plazo de cinco días para que el Ejecutivo acredite el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con salarios y becas universitarias.


La Justicia Federal volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario.

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo y estableció un nuevo plazo de cinco días para que el Estado acredite el cumplimiento de la resolución judicial.

La medida cautelar establece mecanismos de actualización vinculados con los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales, además de contemplar la recomposición de determinadas becas estudiantiles.

Según la resolución, el magistrado consideró que las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno representan un cumplimiento parcial de la orden judicial.

El Ejecutivo había planteado que los incrementos salariales acordados en el marco de las negociaciones paritarias permitían considerar cumplida la medida. Sin embargo, el juez sostuvo que no quedó acreditado que las actualizaciones se hubieran realizado de acuerdo con los parámetros establecidos por la normativa.

La causa se inició a partir de una presentación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La medida cautelar había sido dictada originalmente en diciembre de 2025 y posteriormente quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por el Gobierno.

La nueva intimación se conoce mientras los gremios universitarios realizan un paro de 72 horas en distintas universidades nacionales. Entre los reclamos se encuentran la actualización salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El juez también volvió a advertir sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas económicas diarias en caso de que el Estado no cumpla con lo ordenado dentro del plazo establecido.

Ahora el Gobierno tendrá cinco días para presentar ante la Justicia la documentación que considere correspondiente y acreditar el cumplimiento de la medida.

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