La Justicia falló contra el decreto que había frenado la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los planteos del CIN y la UBA y ordenó avanzar con la aplicación de la Ley 27.795.


La Justicia Federal declaró inconstitucional una disposición del decreto mediante el cual el Gobierno había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien hizo lugar a las presentaciones realizadas por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.

El magistrado cuestionó específicamente la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la norma a la determinación de los recursos presupuestarios necesarios.

Además, ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con las medidas reglamentarias y de ejecución necesarias para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se trata de una sentencia de primera instancia, por lo que todavía puede ser apelada.

La disputa se originó luego de la aprobación de la Ley 27.795. El Poder Ejecutivo había decidido vetarla, pero ambas cámaras del Congreso reunieron los votos necesarios para insistir con su sanción.

Posteriormente, el Gobierno promulgó la norma mediante un decreto que estableció una condición vinculada a la disponibilidad de recursos presupuestarios y dejó suspendida su aplicación efectiva.

Para Cormick, ese mecanismo no podía utilizarse para impedir la ejecución de una ley que había sido ratificada por el Congreso.

El juez también señaló que la propia legislación contempla herramientas para atender las necesidades presupuestarias derivadas de su implementación.

En su análisis, mencionó además una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que había calculado que el impacto de la norma durante 2025 representaba alrededor del 0,23% del PBI.

La resolución se suma a otros fallos del mismo magistrado vinculados con salarios docentes, trabajadores no docentes y becas universitarias.

Ahora el Gobierno deberá definir los pasos a seguir frente a la decisión judicial, que podría ser recurrida ante una instancia superior.

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