Por Notibaires 
La operación contempla el traspaso del control de la empresa de agua y saneamiento del AMBA a un consorcio privado. El proceso incluye una concesión por 30 años y compromisos de inversión para los próximos cinco.
El Gobierno nacional oficializó la adjudicación del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de brindar los servicios de agua potable y desagües cloacales en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La operación contempla la transferencia del 90% de las acciones de la compañía al sector privado, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
La adjudicación se realizó mediante una licitación pública y la oferta seleccionada fue de US$ 340,2 millones. El consorcio ganador está vinculado a los empresarios Mauricio Filiberti, Daniel Vila y José Luis Manzano, de acuerdo con la información difundida sobre el proceso.
Una concesión por 30 años
El esquema contempla una concesión de 30 años para la prestación del servicio. Además del monto ofrecido por las acciones, el proyecto establece compromisos de inversión destinados a sostener y ampliar la infraestructura de agua potable y saneamiento.
El plan prevé inversiones por aproximadamente US$ 1.940 millones durante los primeros cinco años. El objetivo es mejorar las instalaciones, ampliar la cobertura y atender las necesidades de una red que abastece a millones de usuarios.
La oferta ganadora superó la propuesta presentada por el grupo Roggio, que también había participado del procedimiento de selección.
Qué cambia para los usuarios
AySA presta servicios esenciales en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense. Por ese motivo, el proceso de privatización abre interrogantes sobre la futura administración, las inversiones, la calidad del servicio y la evolución de las tarifas.
El cambio de control no implica por sí mismo una modificación automática e inmediata de las condiciones de facturación para todos los usuarios. Las tarifas y las obligaciones del concesionario quedan sujetas al marco regulatorio y a las decisiones de las autoridades competentes.
El Gobierno sostiene que la participación privada permitirá impulsar inversiones y reducir la necesidad de financiamiento estatal para el funcionamiento de la compañía.
Un cambio en la gestión del servicio
La operación representa una modificación significativa en el esquema de administración de una empresa central para los servicios públicos del AMBA. La implementación del nuevo modelo deberá ajustarse a las condiciones de la concesión y a los mecanismos de control previstos para garantizar la prestación.
En los próximos meses, el cumplimiento de los compromisos de inversión y la evolución del servicio serán aspectos centrales para evaluar el impacto de la privatización sobre los usuarios.