La Guardia Civil ha liberado este miércoles a siete jóvenes de origen sudamericano, uno de ellos menor de edad y de nacionalidad argentina, que habían llegado a España engañados por una red que les prometió un futuro de éxito en el mundo del fútbol, pero que se ha dedicado a explotarlos sexualmente.
Los jóvenes, de entre 17 y 20 años, estaban en una vivienda en la que vivían hacinados y «en la más absoluta indigencia» en Prado del Rey, una pequeña localidad de la sierra de Cádiz, de apenas 5 mil habitantes.
Los jóvenes habían llegado al pueblo entre agosto y septiembre del año pasado. Desde entonces vivían en ese piso controlados por uno de los tres miembros de la red que han sido detenidos en la denominada operación «Promises», un hombre muy corpulento que ha abierto la puerta a los agentes sin tratar de oponerse a que se llevara a cabo la orden judicial de registro.
La operación «Promises» se ha realizado «en un tiempo récord» desde que la Guardia Civil tuviera los primeros indicios sobre lo que ocurría en esa casa el 13 de mayo y se pusiera manos a la obra para tratar de sacar de allí a los jóvenes «lo antes posible», según han indicado a Efe fuentes del instituto armado.
Los agentes han averiguado que la red enviaba «captores» a diferentes países de Sudamérica con el objetivo de reclutar jóvenes futbolistas, a los que prometían un futuro de éxito en España.
Con este señuelo, las víctimas aceptaban la propuesta, esperando que el viaje además sirviera para remediar las dificultades económicas por las que algunas de sus familias atravesaban.
La organización obligaba a las víctimas a pagarse todos los gastos del viaje a España, que ascendían a unos 8 mil euros dado que, además, debían comprar billetes de avión muy caros porque los adquirían casi de un día para otro, presionados para que se incorporasen de forma inmediata a sus supuestos nuevos equipos en España.
Las familias de los siete jóvenes llegaron incluso a recurrir a prestamistas, que les cobraban unos intereses desorbitados, para pagar estos viajes.
Una vez en España, la organización los recogía en el aeropuerto y los trasladaba hasta Prado del Rey. Allí les retenían su documentación y les quitaban el dinero que llevaban para controlarles en todo momento.
«Les tenían hacinados en una sola vivienda y sólo les permitían relacionarse entre ellos, manteniéndolos en la más absoluta indigencia, llegando en ocasiones a tener que mendigar para poder subsistir», explica la Guardia Civil en una nota de prensa.
La organización los obligaba a participar en un chat de contactos homosexuales gestionado y controlado por el líder de la organización y en el que se acordaban encuentros sexuales con «clientes» en distintas localidades de la provincia de Cádiz.
El «tratante» llevaba a la víctima al lugar y permanecía en las inmediaciones hasta que el encuentro terminaba. Después le requisaba el dinero que le habían pagado por el servicio sexual.
Para potenciar su posición de dominio, los miembros de la red amenazaban a los chicos con contar a sus familiares en Sudamérica a lo que se estaban dedicando en España.
